Extracto del documento que el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha facilitado:

“Tras el cambio de Gobierno el pasado mes de junio, razones de urgencia y oportunidad aconsejan que el actual Gobierno promueva en estos momentos una modificación de la ley en vigor para atender a los problemas cuya solución es claramente inaplazable y atendiendo al rechazo que el actual texto legal provocó, desde el mismo momento de su aprobación, en la mayoría de los grupos políticos del Parlamento.”

“Dicha modificación habrá de recoger, de un lado, la eliminación de los aspectos más lesivos introducidos por la LOMCE, sobre los que es necesaria una urgente e inevitable intervención. De otro lado, habrán de abordarse aquellos temas en los que se ha puesto de manifiesto una elevada coincidencia entre los problemas detectados por la comunidad educativa y los objetivos y líneas estratégicas acordados en los organismos supranacionales e internacionales.”

Se pretende abordar el cambio normativo con diferentes medidas como las siguientes:

  • Evitar la doble vía en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
  • Reformular el programa curricular de atención a la diversidad (el actual PMAR) desplazándolo a 3º y 4º de la ESO y posibilitando la titulación. Incorporar, además, la posibilidad de que las administraciones educativas puedan en determinadas condiciones y centros, establecer fórmulas similares en 2º.
  • Integrar la formación general y profesional en la Formación Profesional Básica, favoreciendo la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, además del título profesional.
  • Adaptar las enseñanzas al contexto territorial.
  • Insistir en la posibilidad de que la organización de los de los primeros cursos de ESO se haga por ámbitos.
  • Flexibilizar el número de años en los que los ACNEE pueden cursar la Formación Profesional Básica y el Bachillerato, en aquellos casos en los que la prolongación del tiempo facilite la finalización de estas enseñanzas.
  • Dar más capacidad de decisión al equipo docente en la valoración de la promoción de curso en la Educación Secundaria Obligatoria.
  • Establecer un plan de repetición individualizado para aquellos alumnos que, excepcionalmente, precisen de esta medida.
  • Eliminar la jerarquía de materias en Primaria y Secundaria Obligatoria (troncales, específicas y de libre configuración autonómica) y sus efectos en la ordenación y evaluación.
  • Organizar de nuevo la Educación Primaria en tres ciclos de dos años cada uno, con efectos en la evaluación del alumnado.
  • Suprimir los estándares de aprendizaje evaluables y las referencias a la metodología en la parte prescriptiva del currículo, permitiendo así la adaptación del aprendizaje y de su evaluación al contexto.
  • Eliminar las pruebas de evaluación final de etapa (reválidas) de Educación Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Actualmente estas pruebas están suspendidas.
  • Garantizar el acceso de todos a una Educación en valores cívicos y éticos; para ello se cursará una materia con este contenido en un curso en el segundo o el tercer ciclo de Educación Primaria y en otro curso de segundo o tercero de ESO.
  • Establecer un título único de Secundaria Obligatoria, al que se llegará a través del currículo ordinario y de cualquier medida de atención a la diversidad.
  • Incorporar la futura regulación de la posibilidad de obtención del título de Bachillerato por compensación en caso de superar todas las materias salvo una.
  • Volver a las pruebas de acceso a la Universidad desvinculadas y posteriores a la obtención del Título de Bachiller.
  • Facilitar el acceso a la Formación Profesional en el marco de un plan general en el que también estarán presentes y coordinados otros subsistemas de la Formación Profesional.
  • Organizar la enseñanza de la religión confesional de modo que no exista la obligación de cursar una materia alternativa por quienes no soliciten dicha enseñanza.
  • Dejar de considerar la religión confesional como una materia específica en 1º y 2º de Bachillerato.
  • Evitar que, como consecuencia de lo anterior, la calificación que pudiera obtenerse en esta materia se tenga en cuenta en el cálculo de la media en los procesos de acceso a la universidad, becas y otros similares.
  • Convertir las evaluaciones finales de etapa de 6º de Educación Primaria y 4º de Secundaria Obligatoria (reválidas), en evaluaciones muestrales y plurianuales.
  • Reequilibrar las competencias del Consejo Escolar y de los directores de los centros públicos y concertados, aumentando la participación de aquel en las decisiones y el control del funcionamiento de los centros.
  • Mejorar el procedimiento de selección de los directores, aumentando la participación y el peso de la comunidad educativa en éste.
  • Facilitar transitoriamente el cumplimiento del requisito de formación inicial para los aspirantes a la dirección.
  • Evitar cualquier efecto segregador derivado de la aplicación de programas de enseñanzas plurilingües.
  • Retomar la distribución de competencias entre el Estado y las CCAA para la determinación del currículo de las materias, asignando el 55%-65% al Estado en todas las etapas.
  • Suprimir la regulación del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella, dejando que su regulación corresponda a las Comunidades Autónomas en las que hay lengua cooficial. Esta supresión afecta, entre otros aspectos, a la regulación de la exención de cursar o ser evaluado en la lengua cooficial.
  • Llevar a cabo una regulación acorde con la sentencia del TC 14/2018, en la que se pronuncia sobre el sistema educativo y el modelo territorial, así como la modificación consiguiente de la LOFCA (ley 8/1980).
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